La represión policial por parte de las Fuerzas Armadas a cargo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el miércoles 12 de junio en las inmediaciones del Congreso, en el marco del tratamiento de la Ley Bases en el Senado, dejó un saldo de treinta y tres manifestantes detenidos.

Horas después de estos episodios, llegaron las denuncias por irregularidades producidas en las detenciones, que se profundizaron luego de que la jueza que entiende en la causa, María Romilda Servini de Cubría, resolviera el viernes la excarcelación de sólo 17 de los 33 presos políticos. 

“Virtud del Pájaro”, programa de las Cátedras de Radio de la Facultad de Ciencias Sociales (UNLZ), consultó a una de las abogadas defensoras de una de las detenidas, María del Carmen Verdú, quien es militante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).

En diálogo con Radio Conurbana, la letrada cargó contra la figura de Servini y resaltó que a los dieciséis detenidos se les aplicó “una imputación genérica y con conductas que no está explicitadas” y que “en ningún momento se dice quién hizo qué”, lo que calificó como “la primera nulidad puesto que la indagatoria es el primer acto de defensa” de todo imputado. 

También opinó que todo forma parte de una estrategia de parte del Gobierno y destacó que “el objetivo es el amedrentamiento, el disciplinamiento, que se deje que aplasten y destruyan todos los derechos por los que toda la gente luchó durante 200 años para que tengas una vida digna”. “No lo van a lograr, porque fueron centenares de personas en la puerta de Comodoro Py, porque tenemos más de 30 mil firmas apoyando el petitorio de las familias de los detenidos”, afirmó.

“Hay un agravante, Servini no pudo hacer mitad y mitad para sólo darle la mitad al Gobierno de lo que le exigía, porque era un número impar, entonces excarceló 17 y mantuvo detenidas a 16 personas. La resolución tiene un solo párrafo de diferencia entre una y otra, que reproduce el ART 319 del Código Procesal Penal, que señala que no se puede excarcelar si hay pedido de obstrucción del proceso, o de fuga”, explicó Verdú. 

De este modo, la defensora marcó como irregularidad la diferencia sustancial que se refleja en la resolución de excarcelación de 17 presos y en el rechazo del resto de los privados de su libertad. 

“En los 16 detenidos dice que, como hay peligro de fuga y obstrucción del proceso, no hago lugar a la excarcelación y me pregunto cómo Camila Juárez, que tiene 33 años, dos hijos, trabaja en un bar y estudia Sociología en UNSAM tiene capacidad de fugarse, amedrentar a un perito o a un testigo, que además son todos canas”, enfatizó.

Asimismo, Verdú guardó un párrafo para visibilizar “las irregularidades” en el rol de fiscal federal Carlos Stornelli.

“Stornelli apeló 14 excarcelaciones de las 17, se salvó la familia que vendía empanadas”, remarcó y agregó: “El sábado estábamos apelando los rechazos de las excarcelaciones pero todavía no se elevó a Cámara ni se sorteó la Sala. También se publicó el recurso de Stornelli contra las 17 solturas, y tampoco hay Sala sorteada. Seguramente será la misma sala la que resuelva nuestros recursos y los de Stornelli”, añadió.

Al ser consultada sobre la situación de quienes aún están privados de su libertad, en cuanto a su integridad física y estado de salud, Verdú señaló que “con cada situación personal, se encuentran moralmente bien”. 

“Hay algo que genera buena expectativa y es que en todas las cosas que se vinieron haciendo, estuvieron todos los que fueron liberados, el primero fue liberado a las 8 de la noche y el último a las 3 de la mañana, pero nadie se fue hasta que soltaran al último y es una característica de los argentinos, que cuando más nos quieren oprimir, mejor salimos”, concluyó.