El titular de la Unidad de Defensa Civil Nº13 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, Guillermo Di Leo, cuestionó la decisión del gobierno nacional de intervenir la internación de guardia del Hospital de salud mental Laura Bonaparte. 

El 10 de octubre es el Día Internacional de la Salud Mental y en “Derecho y Sociedad” consultaron al defensor oficial respecto el episodio que derivó en que empleados y familiares de pacientes que se atienden en el hospital tomaran el establecimiento para expresarse contra la intervención.

“Por especificidad tratamos a las personas en esta materia, a quienes hay que escuchar y darle una respuesta eficiente y rápida, y la respuesta en términos de Justicia es mucho más que rápida, porque es un expediente judicial en cuyo caso entre el inicio y las órdenes para la evaluación compulsiva de un paciente transitan entre 4 y 5 días hábiles”, explicó Di Leo.

Además, el profesional se refirió que “en un 80 y 90 por ciento” la población que se trata en estas afecciones “son casos que no cuentan con cobertura y dependen de la salud pública y entre los hospitales, uno de los más eficientes en cuanto a respuesta es el hospital Laura Bonaparte”.

Asimismo, Di Leo hizo mención a los casos que se abordan en materia de salud mental y los recursos disponibles para el público, en especial para quienes transitan cuadros vinculados a patologías que atiende la disciplina y también que tratan adicciones y consumo.

“Cuando uno hace un cálculo matemático deja de lado aspectos centrales, porque hablar de internación no es sólo pensar a alguien ocupando una cama, porque hay talleres, asistentes sociales, charlas que se les da, terapias, y va mucho más allá de la internación, por lo que tener más o menos camas no dice que el lugar es eficiente”, sostuvo y agregó: “No se puede hablar a la ligera y alegremente de cerrarlo porque no dan los números, porque no es el enfoque y porque hay que tener una mirada humanitaria sobre estos casos”.

La Ley de Salud Mental Nº 26.657, que se sancionó en 2010 y se reglamentó en 2013, establece que el 10 por ciento del presupuesto de salud pública general debe ser destinado a la salud mental, y según Di Leo “desde hace tiempo se destina alrededor de un 2%”.

“Es una cuestión conceptual, ver qué respuesta se le da a una franja de la sociedad que tiene un requerimiento y que es mucha más de la que nos podemos imaginar”, indicó y destacó que “se debería hacer un esfuerzo y no cerrar espacios, sino que debería pensarse en que cada municipio tenga un área específica con internación específica”.

El especialista en salud mental exhortó a “dinamizar los espacios” y citó al Hospital Provincial Psiquiátrico José Esteves de Temperley, en Lomas de Zamora.

“A nadie se le puede cruzar por la cabeza cerrarlo por antieconómico, si la mayoría de las cosas que necesita la gente son antieconómicas. No es una empresa, un hospital neuropsiquiátrico trabaja en salud, no tiene ni sentido discutirlo más allá de la ideología, ataca el sentido común y lastima la inteligencia plantearlo en estos términos”, concluyó.

La semana pasada el gobierno, en medio de la asunción del flamante ministro de Salud, Mario Lugones, anunció el cierre del único hospital de salud mental y consumos problemáticos en Argentina dependiente de la administración nacional del Estado. A partir de entonces se realizaron 96 horas de lucha, protesta y toma del edificio por parte de trabajadores del hospital Bonaparte.

Los gremios estatales alcanzaron un acuerdo con las autoridades sanitarias nacionales para que no se despida a ningún trabajador y se mantengan las prestaciones y el servicio en su totalidad.