Mediante un decreto de necesidad y urgencia, el gobierno nacional dispuso que los medicamentos de venta libre puedan ser exhibidos y comprados en forma directa desde las góndolas de las farmacias con acceso al público sin intermediarios.

La medida despertó polémica en diferentes sectores vinculados a la actividad farmacéutica y algunas voces se alzaron en contra de la disposición, por considerar que “perjudica a la gente”, implica “un fuerte retroceso sanitario y tampoco dará resultado en materia de precios”.

La presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires (COFA) y de la Filial Berazategui, María Isabel Reinoso, dialogó con “Derecho y Sociedad” al respecto y destacó que “no se puede tratar al medicamento como un bien de consumo más presumiendo que poniéndolo fuera de la farmacia el precio va a bajar”.

“Si el problema es el precio, hay un montón de medidas que han tomado países serios del mundo como para establecer un control de precios, porque es un bien social y un elemento esencial para la comunidad, no poniéndolo en una góndola o en un supermercado, no va a bajar el precio”, sostuvo y propuso el interrogante de “quién va a cuidar la conservación, la fecha de vencimiento, legitimidad y procedencia del medicamento”.

El DNU 1024/2024 que firmó el presidente Javier Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones, habilita la venta de medicación en otros puntos de venta, como kioscos, almacenes o supermercados, aunque con algunas restricciones: cuando la comercialización sea fuera de farmacias, se limitará a antiácidos y analgésicos.

Al respecto, la profesional consultada por Radio Conurbana señaló que “esto ya ocurrió en los años `90, por disposición del entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo” y “desreguló el área de farmacia fuertemente”.

“Lejos de bajar los medicamentos, subieron y comenzó una ola de adulteraciones primero con medicamentos de venta libre, dio rédito a inescrupulosos y terminó en la mafia de los medicamentos”, indicó al tiempo que remarcó que en 2009 se sancionó nuevamente la ley y el Ejecutivo la promulgó, “por lo que el medicamento volvió a su lugar”.

Reinoso afirmó que “el precio de los medicamentos no lo pone la farmacia” ya que “la cadena de valor del remedio es a la inversa de cualquier bien de consumo” y mostró preocupación por el rol del profesional en Farmacia. “El consejo farmacéutico en Argentina es gratis y entonces cabe preguntarse quién le va a indicar a la persona, que un medicamento de venta libre, que nunca es inocuo, no lo va a afectar”, se preguntó.

Asimismo, apuntó contra el gobierno nacional porque aseguró que es quien “por su convenio con (la obra social) PAMI, pide cada vez más bonificación a las farmacias y eso encarece el medicamento”.

“Sólo están perjudicando a la gente con esto. Antes las personas tenían cobertura y ahora es venta libre, antes pagaban 100 pesos, pero con un descuento pagaban el 50%, pues ahora pagarán 100 pesos. En todos los países pasa, pero se les da cobertura amplia a los jubilados y acá se les saca cobertura”, concluyó.

El decreto tiene aplicación sólo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires ya que las provincias argentinas en tal sentido son autónomas. La norma, argumenta que en el Artículo 42 de la Constitución Nacional se establece que los consumidores de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información fehaciente y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno, debiendo las autoridades proveer a la protección de esos derechos.