Hace dos semanas la Cámara de Diputados logró sancionar la reforma de la Ley de Glaciares, algo que despertó polémica y disparó manifestaciones en contra de parte de diferentes sectores, entre ellos organizaciones ambientales.

El programa “Derecho y Sociedad” entrevistó a referentes en el tema, que cuestionaron la iniciativa y señalaron un “fuerte retroceso en materia de derecho ambiental” en la Argentina. Es el caso del director provisional de Evaluación de Impacto Ambiental del ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Manuel Marrone y la directora de gobernanza ambiental y participación pública del mismo organismo, Giuliana Pecora. Ambos coincidieron en una fuerte crítica a la Ley.

“Estamos muy alarmados por el nivel de destrucción y de retroceso que tenemos en el derecho ambiental. hay que seguir estando alerta”, sostuvo Morrone en charla con Radio Conurbana y destacó que la ley “atenta contra el ART 41 de la Constitución, que dice que el ambiente hay que preservarlo”.

Por su parte, Pecora remarcó el contexto en el que se dio la aprobación en la Cámara Baja el 9 de abril, que se enmarca en un “plan y un modelo de país extractivista y de saqueo”, que suma “un ataque a la Argentina a nivel laboral económico y también ambiental”.

“Lo que se viene es también la ley de manejo del fuego, y esto es un plan de país que a las claras sabemos adónde nos lleva”, sostuvo y sumó esperanza “en acceder a la Justicia para impugnar la reforma” ya que consideró que “tiene que ver con el principio de no regresión consagrado en la Constitución nacional”.

Morrone es docente de Gestión Ambiental en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, en tanto que Pecora se desempeña como Analista de Políticas Públicas y docente de Derecho Ambiental.

La reforma provocó un fuerte rechazo en la oposición y referentes de organizaciones socioambientales. Al igual que los entrevistados en Radio Conurbana, consideraron que viola los presupuestos mínimos que define la Carta Magna. 

Además, tras la aprobación en Diputados se impulsó una demanda colectiva para defender la Ley que se había sancionado en 2010, con casi un millón de adhesiones individuales, la cual se llevará a la Justicia de la mano de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, entre otros espacios.