Luego de vetar la Ley de Emergencia en Discapacidad aprobada en el Congreso, el Gobierno envió una nueva iniciativa al Senado: la denominada “Ley Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, que plantea nuevos conceptos como el empadronamiento obligatorio y auditorías incluso a aquellos pensionados con enfermedades congénitas o la nula relación de la pensión con el trabajo formal. 

“Virtud del Pájaro”, el programa de las Cátedras de Radio, dialogó con el abogado especializado en Derechos Humanos Javier Garín, quien patrocina la denuncia penal de familiares de personas con discapacidad contra el presidente Javier Milei y funcionarios de su gobierno. Consultado sobre la nueva iniciativa del Poder Ejecutivo, el letrado explicó: “La discapacidad no necesariamente es invalidez laboral, el gobierno mezcla los conceptos, siguen diciendo que son fraudulentos cuando los fraudulentos son ellos los que están en el gobierno”.

También señaló que “hay una crisis con las obras sociales y con toda clase de prestaciones que han sido puestas en crisis por culpa del Gobierno” y cuestionó al Poder Ejecutivo y al ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo, investigado por la Justica, porque en su gestión “enviaban muchas veces citaciones a domicilios inexistentes de personas con discapacidad para que pierdan el beneficio”.

Sobre la denuncia penal a Milei, su ministro de Salud, Mario Lugones y el interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Alejandro Vilches, indicó: “Tiene mucha repercusión y me dicen que en todas partes pasa lo mismo, no les quieren pagar”. 

En ese contexto, familiares de personas con discapacidad también realizaron una manifestación el 22 de abril en pos de una respuesta del Gobierno. En tal sentido, el abogado -que ratificó la denuncia días atrás en Comodoro Py, destacó enfático que el accionar del Gobierno “es criminal” y “está afectando al colectivo más vulnerable de Argentina”. 

Garín ahondó en la figura de abandono de persona, incumplimiento de los deberes de funcionario y abuso de autoridad, y resaltó que en algunos casos “es con consecuencia grave para la salud, poniendo en riesgo la vida de personas que no pueden hacer sus tratamientos”.