La Ley de Financiamiento universitario sancionada en octubre aún sigue sin aplicarse, pese a que a fines de marzo la Justicia ratificó una medida cautelar que ordenó al Poder Ejecutivo a cumplir con la norma 27.795 y actualizar salarios y becas, además de calificar como irregulares los intentos del gobierno por suspender lo que se ratificó en el Congreso por ambas cámaras. En ese contexto, el 12 de mayo la comunidad en su conjunto se manifestó de forma masiva en las calles para exigir la puesta en vigencia de dicha legislación, en lo que fue la cuarta Marcha Federal Universitaria hacia la histórica plaza ubicada frente a la Casa Rosada, aunque en cada provincia argentina también hubo expresiones multitudinarias.

“Modo Universitario” fue escenario propicio para el debate y la reflexión de la coyuntura que atraviesa la educación superior, con la presencia de decanos de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) en el estudio de Radio Conurbana. De la Facultad de Derecho, la Dra María Fernanda Vázquez; Ingeniería, Diego Serra; Ciencias Agrarias, Néstor Urretabizcaya; y Ciencias Sociales, Gustavo Naón.

Consultados sobre el momento adverso que vive la universidad pública a escala nacional, Serra manifestó su preocupación por “el impacto en la comunidad científica y los investigadores” y agregó que si bien “lo salarial no es menor porque el carácter alimentario del sueldo es central” consideró como “muy grave no poder financiar proyectos de investigación».

Por su parte, Urretabizcaya expresó que existe “una urgencia que se traslada al estado de ánimo de la gente con la que se trabaja todos los días” y marcó como “importante mantener las convicciones en este sentido».

«Los docentes que no están bien pagos tienen que salir a buscar otros trabajos y eso les quita tiempo para perfeccionarse y capacitarse, lo que deteriora el nivel de las clases y en algunos casos se van al sector privado», indicó.

La decana de Derecho UNLZ explicó en términos jurídicos la judicialización de la decisión política del presidente Javier Milei de no aplicar la ley sancionada, mencionó la medida cautelar que impulsó el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la decisión del Tribunal en lo Contencioso Administrativo Federal de obligar al Poder Ejecutivo a poner en vigencia la Ley que regula el funcionamiento de las casas de altos estudios. Asimismo, ratificó el rol como funcionarios de trabajar para que “las aulas continúen abiertas al igual que las puertas de la UNLZ”.

“Es importante acompañar a nuestros trabajadores mientras nosotros discutimos y problematizamos lo que nos está pasando, asegurando y garantizando la calidad de la enseñanza, acompañando a quienes sufren esta crisis, con mucha responsabilidad, seriedad y eficiencia en lo que hacemos», indicó y sumó: «Hoy tenemos que garantizar más que nunca el servicio educativo que se brinda desde la universidad, en este contexto y sabiendo que desde el CIN se están articulando las medidas necesarias en resguardo de la universidad».

Sobre la Marcha Federal, la cuarta que se realizada desde que Milei asumió como presidente, Naón remarcó que fue “una demostración más de la legitimidad que tiene el sistema universitario argentino, con réplicas en todo el país».

También ponderó el rol social que ocupa la educación superior: “Más allá de lo pesimista del escenario, hay que nombrar algunos significantes que identifican a la universidad porque sigue siendo determinación, esfuerzo y excelencia académica».

Con esa premisa coincidió Urretabizcaya, quien subrayó que «la universidad pública sigue siendo una institución confiable y que se la respeta” porque “tiene una gran adhesión en la sociedad”.

La Universidad de Buenos Aires le pidió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “se expida a la mayor brevedad posible” respecto la causa vinculada con la Ley de Financiamiento universitario y recomposición salarial docente. Así, las autoridades solicitaron la “implementación inmediata” de la Ley 27.795 que se aprobó hace siete meses por amplia mayoría en el Congreso y remarcaron que el Poder Ejecutivo no cuenta con “un fallo definitivo a su favor” que respalde su postura de no aplicar la norma.