La Ley 27.795, sancionada a principios de octubre, aún no entró en vigencia porque el Poder Ejecutivo se mantiene firme en su postura de no hacerlo bajo el argumento de la falta de recursos y un presunto riesgo de desequilibrio fiscal que ello puede ocasionar. Lo cierto es que las voces especializadas en materia de derecho echan por tierra las excusas del presidente Javier Milei a la hora de cumplir con una ley aprobada con insistencia por el Congreso y que tiene que ver con el financiamiento de las universidades.

“Modo Universitario” dialogó con el abogado constitucionalista, docente y quien patrocina la medida cautelar presentada en representación de 59 universidades públicas, Pablo Manilli, quien aseguró que existe “una intención deliberada de dañar a la universidad pública”.

Además, expresó que se dio curso a una intimación al Poder Ejecutivo para que cumpla y que se ha “pedido que la causa pase a la Justicia penal porque hay un delito de desobediencia”.

“Estamos ante un delito de incumplimiento de órdenes judiciales, tipificado en el Código Penal en el artículo 239 con pena de prisión para los funcionarios que no cumplieran órdenes judiciales”, indicó y agregó que “la Cámara de Apelaciones tendrá que resolver acerca de si ese recurso ante la Corte suspende o no el trámite de la ejecución de la medida cautelar”. En tal sentido, el docente universitario de Lomas de Zamora resaltó que “el artículo 258 del Código Procesal establece que una resolución dictada en primera instancia y confirmada en segunda instancia hay que cumplirla, aun cuando se presente un recurso extraordinario”.

Según el letrado, este es “un caso sin precedentes” sostenido por falacias argumentativas de parte del gobierno nacional, sobre todo cuando se excusa en la falta de presupuesto, le exige al Congreso que señale de dónde se tomarán los fondos para el financiamiento educativo superior o refiere a la “falta de auditorías” en las casas de altos estudios.

“Es una mentira directamente hablar de la no existencia de auditorías porque las universidades están auditadas, tiene una auditoría interna y están auditadas por la Auditoría General de la Nación, órgano imparcial, dependiente del Congreso, compuesto por auditores nombrados de acuerdo a las mayorías y minorías de las Cámaras, con lo cual es un órgano intachable”, sostuvo y agregó que desde que comenzó el conflicto, la “AGN duplicó la cantidad de personal que le asigna a la fiscalización de las universidades por lo que están más auditadas que nunca”.

“Lo que recauda el gobierno por impuesto, se actualiza solo porque gravan los bienes y servicios que la gente intercambia, la inflación es el aumento del costo de esos bienes y servicios, lo que implica que, si hubiera una inflación del 300 por ciento, el Estado ya recauda un 300 por ciento más”, remarcó y concluyó: “los impuestos son porcentuales a los valores de los bienes y los servicios, con lo cual la plata está ahí”.

Manilli fue uno de los abogados que impulsó y redactó el amparo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en octubre debido al incumplimiento de la ley. Dos meses después el juez Martín Cormick ordenó que se aplique de forma inmediata; la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Feral confirmó la cautelar hace dos meses. Este mes la misma sala concedió el recurso extraordinario federal que interpuso el Gobierno, la cautelar quedó suspendida y ahora deberá resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación.