Los resultados electorales de los últimos comicios legislativos a nivel nacional, que le permitirán al gobierno de Javier Milei ampliar considerablemente su representación parlamentaria, pusieron en agenda las próximas leyes a discutir en el Congreso Nacional a partir de la asunción de los nuevos legisladores el 10 de diciembre, como la reforma laboral, previsional y tributaria. 

Estas modificaciones dejaron en situación de alerta a distintos sectores sociales, políticos y sindicales sobre las consecuencias de llevar adelante estas medidas. En ese sentido, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, dialogó con “Clave Política” y señaló que “la reforma laboral según la planifica y la está ideando el gobierno va a acelerar la destrucción del empleo”.

El dirigente sindical expresó que este proyecto “es una regresión sin precedentes en materia de los derechos laborales en Argentina” y que su implementación implicaría “volver a la época de las cavernas”. 

Para reforzar su argumento, indicó que “la Organización Internacional del Trabajo ya estudió durante los últimos 20 años, 62 países en el mundo” que llevaron adelante “legislaciones similares” y que “fracasaron en todos lados y no contribuyeron a crear más empleos registrados ni de más calidad”.

Para fundamentar porqué rechaza esta modificación en materia legal, Aguiar manifestó que cuando el gobierno de Javier Milei plantea la “modernización laboral” en realidad “lo que se esconde es más explotación y más precarización para todos los trabajadores”.  

“El problema no está en la reforma sino en quién la discute y qué intereses beneficia”, subrayó el dirigente gremial quien negó que los sindicatos no crean necesaria la actualización en materia laboral, pero indicó que esta propuesta legislativa está pensada para “las más grandes patronales”. 

Entre otros alcances, la propuesta legislativa del gobierno de Javier Milei pretende impulsar un banco de horas, que tendrían como resultado la extensión de la jornada de trabajo, el fraccionamiento de las vacaciones y la decisión unilateral de la patronal respecto al momento en que se asignan. También se pone en juego la posibilidad de fragmentar la negociación que dejaría de ser por sector para resolverse dentro de cada empresa y el aumento de los salarios quedarían supeditados a la productividad de los trabajadores en sus tareas. 

Asimismo, las indemnizaciones podrían pagarse por un máximo de 10 años trabajados y su ejecución prevé hacerse en cuotas de hasta 12 meses.