Desde que asumió, el gobierno nacional aplica políticas de desfinanciamiento que afectan a diferentes sectores y tienden a vulnerar derechos consagrados en la Constitución nacional. La desregulación del Estado en Argentina generó problemáticas ligadas al derecho del consumidor que empeoraron la calidad de vida de los ciudadanos. 

El programa “Derecho y Sociedad” dialogó con el presidente de la Asociación de Defensa de Derechos de los Usuarios y Consumidores (ADDUC), Osvaldo Bassano, quien analizó la reducción subsidiaria y el desmantelamiento de entes regulatorios en la población y ponderó el rol del derecho del consumidor, que significa un “derecho humano fundamental”.

El aumento de tarifas y la quita de subsidios, incidió en forma considerable en muchos usuarios y consumidores, sobre todo en el Conurbano bonaerense. Las cifras que acercó Bassano fueron contundentes: “El 28% de los usuarios de gas han pedido que se les saque el medidor, otros se cuelgan porque no pueden pagar la factura de luz y eso se llama pobreza energética”, al tiempo que agregó que “el derecho del consumidor es la protección de las personas para adquirir productos para vivir”.

Sobre la gestión de gobierno y las medidas anunciadas sobre aumentos tarifarios para 2026, opinó que están “más preocupados por ver cómo las tarifas pueden no ser subsidiadas” y subrayó que “la Constitución habla del consumidor, no de las empresas”.

Bassano argumentó que lo que hace el Gobierno es una “violación del derecho humano a la subsistencia”, bajo el análisis de que “muchos jubilados no han podido comprar medicamentos y han fallecido”. 

En febrero de este año, el Gobierno Nacional disolvió el COPREC (también conocido como Servicio de Conciliación Previa en Relaciones de Consumo) que era un organismo de mediación obligatoria para conflictos entre consumidores y proveedores de bienes y servicios a través del decreto 55/2025, alegando ineficiencia en el ente.

Bassano, en tal sentido, destacó que en la provincia de Buenos Aires existe una herramienta en contraste con lo que dispuso el Ejecutivo nacional. Se trata de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), que “atiende reclamos en la mayoría de los municipios” y, según el abogado, “es muy importante tenerlo en cuenta porque es una buena opción”.