Días atrás el Gobierno nacional presentó un proyecto para bajar la edad de imputabilidad, de 16 a 13 años. Los ministros de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich y su par de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, fueron los encargados de enviar al Congreso la iniciativa llamada “Ley Penal Juvenil” que establece penas de hasta 20 años para chicos y adolescentes y propone que sean encarcelados en establecimientos especiales.

Lo cierto es que la polémica no tardó en llegar, y las opiniones que representan diferentes bibliotecas del Derecho Penal manifestaron sus puntos de vista, a favor y en contra.

En ese sentido, el abogado especialista en Derecho Penal Guillermo Bernard Krizan, cuestionó lo que ocurre en cuanto a proyectos de la normativa vigente en los últimos años, sobre todo y específicamente en la disciplina penal, y aseguró que se trata de “baches que no abordan la cuestión de fondo”.

“Es una situación paliativa momentánea, es pan para hoy y hambre para mañana porque estamos paliando un requerimiento social pero no va a modificar los números en cuanto al delito”, resaltó en diálogo con el programa “Derecho y Sociedad” sobre el nuevo régimen penal que buscará aplicarse en menores de 13 a 18 años.

El docente de “Sociología Jurídica” en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), indicó que es necesario “apelar a cuestiones de carácter social” y que para materializar la ley hay que aplicar cambios estructurales.

“Estos recursos que se utilizan tendrían que ir dirigidos a la inclusión social, a darle dignidad a la gente, trabajo, educación, para evitar que estos niños salgan a cometer delitos,  y no utilizar los recursos del Estado para modificar esta ley, que obliga a incorporar más personal policial, crear más cargos en la Justicia para llevar a cabo los procesos de los menores”, enfatizó y agregó: “Con esta idea de bajar los años de imputabilidad estamos haciendo es actuar después de que el hecho se cometió.

El abogado penalista opinó que es más adecuado priorizar proyectos a largo plazo que aborden exhaustivamente las necesidades sociales ya que entiende que es el camino adecuado para bajar el índice delictivo en Argentina.

“La política argentina, sin hacer diferenciaciones ideológicas, siempre es tendiente a realizar políticas a corto plazo, para la conformidad inmediata de la sociedad, pero hay que pensar en proyectos de mayor inversión y apuntando a lo esencial, que se la familia y la educación. Quizá el resultado no se va a ver en 6 meses, quizá se ven en 5 años, pero las consecuencias van a ser mucho más beneficiosas”, destacó y añadió que “el tratamiento de las leyes penales de los últimos 20 o 30 años fueron desacertados, porque se bajaron los años de punibilidad y eso no modificó absolutamente nada”.

Al ser consultado sobre la modalidad de reinserción de jóvenes que fueron privados de su libertad luego de cometer algún delito tipificado por el Código Penal, Bernard Krizan criticó que sólo se hable de castigo “hacia un menor de edad” y sostuvo que el estadio en que el menor recupera su libertad “tiene que ver con él pero también con su grupo familiar”.

“Debe haber un respaldo, un tratamiento especial dentro de las unidades donde estarán privados de su libertad, donde tendrán que darle educación obligatoria, según la Ley Nacional de Educación, y prepararlos porque si no se reinsertan bien, y regresan al seno familiar en conflicto, al poco tiempo vuelven a cometer un delito”, afirmó.

Según el docente de UNLZ, el foco debe hacerse en el aspecto social, más allá de la cuestión delictual.

“Tenemos un problema social, índices de desempleo y pobreza altísimos, y eso traerá más delincuencia, entonces las leyes serán paliativas de manera momentánea;  hay que darle dignidad y oportunidades a la gente, porque cuando la gente tiene más oportunidades no piensa en salir a delinquir”, concluyó.

La edad de imputabilidad habla del límite inferior a partir del cual los adolescentes pueden ser juzgados por la Justicia e ir presos a una cárcel.