La vicepresidenta de la Comisión de Educación en Diputados charló con Radio Conurbana y ponderó los alcances del proyecto de Ley de Financiamiento Universitario que se presentó en el Congreso. “Insistimos que se cumpla la norma y la Constitución”, remarcó.

Referentes de la comunidad universitaria argentina presentaron en el Congreso nacional un proyecto de financiamiento para la educación superior, en rechazo al ajuste que viene aplicando el Ejecutivo sobre el sistema en su conjunto desde asumido el gobierno.

Al respecto, “Modo universitario”, consultó a la diputada nacional por Unión por la Patria y vicepresidenta de la Comisión de Educación, Blanca Osuna, quien describió los alcances de la iniciativa y apuntó contra la figura del Estado nacional como “responsable respecto la universidad pública”.

“Esta iniciativa tiene matices fundantes de lo que las leyes argentinas y la Constitución establecen como obligatorio, como responsabilidad del Estado respecto al educación superior”, indicó y agregó: “Se trata de atender lo relativo a afianzar los ingresos, a la terminalidad de los estudiantes, a garantizar las condiciones salariales y de desempeño de trabajadores docentes y no docentes”.

En octubre, luego de la segunda marcha federal en defensa de la universidad, el presidente Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Educativo 27.757 mediante el decreto 879/2024. Entre sus argumentos, señalaba que “no cuenta con previsión presupuestaria ni recursos para su financiamiento, acarrea problemas técnicos que imposibilitan su implementación ordenada, y afecta de manera tangible los objetivos de política económica fijados por el Gobierno nacional”.

Sobre el tema, Osuna insistió que esa no es la única ley, puesto que existen “la 26.206 que es la Educación nacional, la 24.521 de Educación superior o la 27.204 que es la implementación efectiva de la responsabilidad del Estado en educación superior y no fueron vetadas, están vigentes” y sumó: “Insistimos que se cumpla la norma y la Constitución. Hay una indiferencia llamativa del Poder Judicial que debe actuar para que las leyes se cumplan y nosotros como legisladores debemos impulsar normas que pongan al Estado a cumplir lo que debe hacer”.

Pese al escenario adverso tras el veto del año pasado, la diputada se mostró optimista luego de la presentación el nuevo proyecto y describió aspectos que “motivan a seguir trabajando”, sobre todo por aspectos urgentes.

“Las necesidades son reales y lo vemos cuando pasamos registro a las transferencias que el Ejecutivo hace para el mantenimiento de las universidades, se ven salarios de miserias, una disminución de más del 60% respecto al 2023”, indicó y añadió: “Si no hacemos esto existe el gran riesgo que se juzgue que, al no tener resultados materiales contundentes, se pasa a un nivel de desazón que nadie crea en nada, y esta batalla hay que darla”.

Y sostuvo: “El gobierno viola la Constitución porque esta establece que el Estado nacional es el responsable de la educación pública. Cuando uno ve que promueven un dibujito animado donde plantean la inconveniencia de ir a la universidad, ahí se integra un combo peligrosísimo para la democracia, el bienestar, la justicia social o como se quiera llamar”.

Desde hace 75 años Argentina selló la gratuidad universitaria y se convirtió en un país pionero a la hora de decidir y materializar que la educación superior se trata de un derecho. En tal sentido, Osuna destacó que el país “tiene una historia grandiosa en materia educativa” y opinó: “Eso de algún modo debe interpelarnos en su defensa. Estos días han pasado cosas, los reclamos del (Hospital de Pediatría) Garrahan, de organizaciones de personas con discapacidad, o los científicos. Nuestra historia, nuestro presente y futuro nos impulsa a no aflojar y seguir insistiendo”.

Rectores que integran el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), docentes, no docentes, gremios y federaciones universitarias llegaron este 28 de mayo al Congreso para presentar el proyecto de ley. Entre los pedidos que incluye la iniciativa se encuentra el de recomposición salarial, el aumento de becas estudiantiles, mayor presupuesto para Ciencia y Tecnología y también para las universidades nacionales del país.