Desde el sector de Discapacidad volvieron a cuestionar al gobierno por no respetar la ley
El Poder Ejecutivo estableció un plan escalonado de aumentos para Discapacidad con porcentajes acumulativos que van del 29% al 35%, según los sectores, pero la polémica volvió a encenderse porque los pagos con incrementos se recibirán recién entre marzo y abril.
Tras el anuncio, el programa “Derecho y Sociedad” dialogó con el coordinador del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Pablo Molero, quien advirtió que el esquema no resuelve la urgencia financiera del sistema y que “los cálculos que la ley establece reflejan un aumento del 70%” pero el gobierno pretende dar “un 35% en tres tramos”.
Además, el coordinador criticó que si bien desde el sector exigieron “un 70% de aumento, no hubo ningún diálogo”. En relación a eso, Molero reflexionó sobre la necesidad urgente de contar con ese dinero ya que se utiliza para, no sólo remunerar a los trabajadores del área, sino también para el uso de recursos.
“Hoy hubo una reunión en la comisión de Diputados de discapacidad sobre este tema, donde hubo presentaciones de informes de cómo había que mejorar las partidas del presupuesto para tener en cuenta el tema de discapacidad”, explicó.
El punto más crítico que subrayó refiere al desfase entre los costos y los tiempos de pago, ya que “el aumento del 14% viene con un número de hace 10 meses y recién se cobra en enero o febrero”.
Esta semana, el directorio del Sistema Único de Prestaciones Básicas para personas con discapacidad mantuvo un encuentro en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) con funcionarios del Ministerio de Salud de la Nación, además de representantes de otros organismos. En la ocasión, se votó en favor de una propuesta de aumentos del Gobierno para el sector, pero desde el área de prestadores no vieron con buenos ojos la iniciativa por considerarla insuficiente en relación a las demandas que reflejan necesidades puntuales, y que incluye la Ley de Emergencia en Discapacidad promulgada por el Ejecutivo nacional.