Siguiendo los movimientos del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el abogado penalista y docente de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) Diego Beghelini expresó su postura contundente en desacuerdo con las acciones llevadas adelante por el funcionario del Ejecutivo nacional.

«Está muy involucrado en cuestiones procesales y judiciales muy serias, de causas muy complejas», sostuvo el letrado sobre Cúneo Libarona.

Consultado por “Clave Política” en Radio Conurbana, Beghelini destacó que le gustaría un “Ministerio más independiente de las cuestiones propias de la actividad jurídica”, al considerar que no se sabe “hasta qué punto es un abogado en ejercicio o un ministro preocupado por el Ministerio de Justicia”.

Sobre una hipotética reforma constitucional, el docente consideró que “no es necesaria” y puso el foco central en la necesidad de «definir el régimen económico» que el país debe tener, al tiempo que remarcó que la necesidad radica en «la base de cualquier discusión sobre derechos y reforma constitucional».

Con respecto a la delegación de poderes al presidente Javier Milei, contemplada en la Ley Bases, subrayó que «la delegación está prevista en la Constitución» pero advirtió que «el Poder Ejecutivo tiene que rendir cuentas ante en Congreso» y allí se determinará «la manera” en que el Gobierno estaría “llevando la emergencia adelante».

Por otra parte, el abogado analizó el rol del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que asumió el cargo hace pocas semanas: «Si el Ejecutivo quisiera tener un jefe de gabinete como fue la intención del constituyente, podría hacerlo. Sería un Ejecutivo que piensa en una argentina a 20 años para adelante, que quiere mejorar el sistema institucional. Nuestros presidentes piensan en términos más breves, más estratégicos para la próxima elección y por eso nunca se ha puesto en juego está figura que como está prevista en la reforma del 94 no tiene utilidad», resaltó.

Beghelini guardó un párrafo para referirse a la declaración de actividad esencial de la educación, y opinó que «declarar esencial el servicio educativo es una consecuencia de la historia de los reclamos docentes».

Al reflexionar sobre los verdaderos intereses en el campo educativo, indicó que «la preocupación tanto del Estado como de los sindicatos docentes debería ser la calidad educativa, la cual sólo se garantiza controlando el conocimiento de los alumnos».