La superpoblación en las cárceles bonaerenses es un flagelo del que desde hace tiempo se habla. De hecho hace pocos años la Suprema Corte de Justicia reconoció que el sistema se encontraba “en situación crítica” y en la actualidad el panorama no ha mejorado.

En ese sentido, “Derecho y Sociedad” consultó al juez del Tribunal Oral en lo criminal N°7 de Lomas de Zamora, Roberto Conti, quien analizó el panorama del sistema penitenciario en Argentina, hizo énfasis en la superpoblación carcelaria y en la necesidad de la inclusión laboral de personas privadas de su libertad.

Conti acercó datos duros que se desprenden de un informe de 2025, el cual arroja que los presos son alrededor de 101.000 a escala nacional y “56.000 se encuentran en la Provincia de Buenos Aires, sin contar las que están en comisarías”. 

“Es un problema que venimos acarreando desde 2004 y la línea está en alza, por lo que es un problema constante, según el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP)”, indicó el juez lomense quien también se refirió a la polémica y las opiniones encontradas que emergen de la ciudadanía en cuanto a la situación laboral de los reclusos.

En ese orden, señaló que lo que recibe durante sus recorridas por los servicios penitenciarios del territorio bonaerense es la intención de parte de la mayoría de los internos de desempeñarse en alguna actividad laboral. Y también agregó que desde la Escuela de Oficios de la UNLZ se logró un convenio con el Ministerio de Justicia de Buenos Aires para dar capacitaciones a las personas privadas de su libertad, “trabajando de forma conjunta con la Municipalidad de Lomas de Zamora y la universidad”.

Actualmente, los cursos incluyen formación en construcción en seco, reparación de aire acondicionado, atención al cliente, electricidad, construcción de bloques y reciclaje. Así, el juez subrayó que la articulación con el sector privado es el próximo paso: “La idea es conversar con las empresas para saber qué tipo de oficios se necesitan realmente ya que se tiene una carencia estructural en este sentido”.

Por último, el juez remarcó que la privación de la libertad no debe analizarse de forma aislada ya que “la ausencia de escolaridad, el consumo de estupefacientes y la cárcel pisan con la misma fuerza en cantidad de personas involucradas, por lo que la falta de educación es el principal puntapié para lo demás”. 

Y se lamentó porque “muchos niños nacen en situación de encierro, y viven detrás de las rejas al menos sus primeros cuatro años, con sus madres en prisión”.

“El principal problema está en la educación, veremos que hay gran similitud entre ausencia de escolaridad y consumo problemático. Todo esto parte de ahí, y tenemos personas privadas de su libertad, pibes que nacieron presos”, concluyó.

El Juez Roberto Conti es también director de la Diplomatura en Derechos Humanos y Cárceles, que se dicta en la Facultad de Derecho de la UNLZ de manera virtual, la cual se divide en cuatro ejes: Cultural, Social, Legal y de Intervención, además de las clases de dictan seminarios especiales y cuenta con tres clases de Metodología distribuidas durante la cursada para orientar sobre el Trabajo Final Integrador (TFI).

Para más información podes visitar la página web https://www.sociales.unlz.edu.ar/index.php/diplomatura-para-el-abordaje-de-personas-en-situacion-de-encierro/