La multitudinaria Marcha Federal Universitaria que se realizó el miércoles visibilizó una vez más la representatividad que tiene la educación pública para buena parte de la ciudadanía. Es que alrededor de dos millones de personas se manifestaron en diferentes puntos del país para exigir al presidente Javier Milei que desista de vetar el proyecto de Ley de Financiamiento Universitario y esa iniciativa se promulgue.

Horas después de la segunda manifestación -la primera marcha había sido el 23 de abril también a escala nacional-, diferentes referentes de la educación superior argentina se expresaron sobre la repercusión que tuvo. El decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), Gustavo Naon, opinó que “la marcha es una confirmación más de la legitimidad que tiene el sistema universitario pública para la sociedad argentina”.

“No es sólo la marcha al Congreso si no las marchas en las diferentes provincias donde hay universidades públicas. Podemos decir que hace más de una década, todo el territorio cuenta en las provincias con al menos una universidad pública”, sostuvo en diálogo con “Modo Universitario” y agregó que “en ciudades o pueblos donde no hay una universidad también hubo marchas”.

El docente resaltó que la educación pública en Argentina “impacta en mejorar la calidad de vida a toda la sociedad y claramente una marcha” como la del 2 de octubre “lo demuestra”.

“La marcha, al igual que la del 23 de abril, en términos de manifestaciones, es el hecho político más importante del año y quienes participamos de ambas pudimos ver que en esa concentración había no sólo personas que integran el sistema universitario, sino familiares, amigos, vecinos o gente que entiende la importancia que adquiere la educación universitaria pública en nuestro país y en toda Latinoamérica”, subrayó.

Naon también hizo referencia al accionar discursivo del gobierno nacional en las últimas horas, que diseñó un relato para instalar que existen “alumnos fantasmas” en las casas de altos estudios y que eso es una estrategia para inventar la existencia de estudiantes.

De inmediato, el decano de Sociales UNLZ remarcó que “es parte de la gestión” y que “es más fácil construir un enunciado verosímil que uno veraz”. En ese sentido, enfatizó: “Se dio una relación directa entre el nivel de ataque y el nivel de convocatoria. Plantear argumentos falsos tratando de denostar al sistema universitario con el prestigio que tiene no hizo más que aumentar la convocatoria a la marcha para mostrar la legitimidad que tiene nuestra universidad pública y nuestro sistema científico tecnológico”.

Es que cuando integrantes del Ejecutivo se expresan, parecen desconocer el modo en que funciona, por ejemplo, la metodología de inscripción y registro de cantidad de estudiantes por cada universidad pública.

Al respecto, el funcionario de UNLZ indicó que, a su vez, “es un gobierno que se caracteriza por manejarse con enunciados falsos, poco creíbles y fácilmente de contrastar con datos reales”. 

“Tenemos una carga en nuestro sistema universitario público, que es el SIU guaraní, que se traduce en otro sistema que es el araucano donde se rinde la cantidad de inscriptos que tiene por año en cada carrera una unidad académica de una Universidad”, describió la máxima autoridad de la Facultad y sumó que “cuando hablan de estudiantes fantasmas tratan de embarrar el contexto, demostrando que sobran docentes”.

El conflicto nace cuando el Poder Ejecutivo se resiste a girar los fondos necesarios para el funcionamiento de las universidades. En ese sentido, la Ley de Financiamiento que se aprobó en el Senado el 12 de septiembre consagra que los fondos en 2024 deben acompañar la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y sugiere a la administración del Estado “recomponer los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional” entre apenas asumido el Gobierno en diciembre y el momento de sancionada la ley.

Por su parte, la Oficina de Presupuesto del Congreso, dio a conocer un informe que indica que la implementación supondría “un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI”.

Consultado al respecto, Naon recalcó que “el 0,14% del PBI tiene que ver con invertir o no en educación, ciencia y tecnología” y que eso “apostar al conocimiento o resignarse a la ignorancia es una decisión política”. 

“La inversión en un sistema universitario tiene que ver con un modelo de país. Qué país no necesita cientistas sociales, psicólogos, abogados, contadores, médicos, sólo un modelo de país sólo extractivista, que sólo le importa la tierra para producir y exportar, nada más”, destacó Naon y añadió: “Tiene que ver con una concepción del modelo de país. La educación deja de ser una inversión de todo un pueblo y pasa a ser un gasto en la concepción del Gobierno”.

Por último, se mostró esperanzado en que el veto se pueda revertir en la Cámara de Diputados. Por eso, y sobre la amenaza de Milei de judicializar la situación en caso de que la Cámara de origen logre ratificar la aprobación del proyecto y que se convierte en ley, fue determinante: “Está demostrado que el sistema universitario tiene una legitimidad social que pocas instituciones tienen, y sería un riesgo en términos de gobernabilidad meterse en contra del sistema universitario”.

Hasta el momento el oficialismo no cuenta con los 87 votos necesarios para vallar el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario firmado horas después de las masivas marchas en todo el país y que sí acompañaron a Milei cuando desaprobó la ley de cálculo en los haberes jubilatorios.