Ante una nueva avanzada contra la universidad pública de parte del Gobierno, esta vez será la Justicia la que tendrá que decidir cómo continúa el conflicto abierto por el Ejecutivo para auditar las casas de altos estudios por intermedio de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Es que por pedido del presidente Javier Milei, el organismo solicitó a los tribunales que exijan a la Universidad de Buenos Aires (UBA) que exhiba documentación sobre sus “fondos públicos”.  

El abogado constitucionalista y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) y UBA, Pablo Manili, fue consultado al respecto por “Modo Universitario” y fue categórico al señalar que “es mentira que las universidades no están auditadas”. En ese sentido, indicó que “es mentira que tengan que rendirle cuentas a otro organismo que no sea la Auditoría General de la Nación (AGN).”

El profesional detalló que “las universidades públicas ya están auditadas, primero por un proceso de auditoría interna y segundo están auditadas por la Auditoría General de la Nación”, que según explicó es “un órgano creado por la constitución en el artículo 85, reglamentado por una ley y que está integrado por siete auditores designados por el Congreso de la Nación”.

“La SIGEN no tiene que meterse, según ART 75 inc.19. La Sindicatura General del Estado Nacional, está para auditar a (el presidente Javier,) Milei no a las universidades y no puede extender la competencia”, resaltó y añadió: “La pretensión del gobierno es que la SIGEN las audite y este es un órgano de auditoría interna, no tiene porqué meterse porque ya que violaría otra norma constitucional, que establece la autonomía y la autarquía universitaria”, destacó.

En ese orden, indicó que «el Gobierno no tiene de dónde agarrarse” y que su iniciativa se trata de “un blef político para echar un manto de duda sobre la Universidad y disimular el costo político que tendrá que pagar por haber vetado la ley de financiamiento universitario, por haber vetado la ley de movilidad jubilatoria».

El docente hizo una revisión sobre los últimos gobiernos y sintetizó que “la similitud hay que hacerla con los gobiernos de facto, porque los gobiernos que estuvieron en estos 40 años de democracia, todos respetaron la autonomía universitaria y esta es la primera vez que un gobierno pone un pie en las universidades”.

Además, remarcó que hay “una campaña de desprestigio hacia las universidades públicas fomentada por los medios” y acusó directamente de comenzar con esta modalidad al ex presidente Mauricio Macri. “Fue antes de prestarles sus diputados al gobierno para que apoyen el veto al financiamiento universitario; a cambio de eso consiguió una importante concesión en el sector energético. Ya sabemos cómo viene esto: el desprestigio de la universidad pública va acompañado de negocios para las empresas privadas de esta gente, sentenció”, sostuvo.

Respecto a la presentación hecha en la Justicia para que se expida en el caso, Manili manifestó no saber a qué juez le ha tocado el caso, pero aclaró que el tema es “si tiene la valentía de tomar la decisión que tiene que tomar”. Así, enfatizó: “Hay jueces valientes y jueces timoratos, esperemos que la causa haya caído con un juez valiente”.

Ante la consulta sobre la posibilidad de que un magistrado se anime a decir que las universidades deben ser auditadas, el doctor en Derecho lo calificó como “un disparate jurídico». Y sumó que “un juez con valentía debería mediante una medida cautelar disponer que la SIGEN se abstenga de cualquier medida. Pero existen jueces valientes y jueces timoratos”.

El presidente Javier Milei puso en marcha un proceso de auditorías en las universidades y en ese marco la SIGEN le pidió a la Justicia que exija a la UBA que presente documentación sobre la “utilización de fondos públicos”. Todo ello, y según Manili, excede lo que consagra la Constitución nacional en su Art 85, donde establece que la AGN tendrá a su cargo “el control de legalidad, gestión y auditoría de toda actividad de la administración pública centralizada y descentralizada”.

En virtud de las pretensiones del presidente, da la sensación que el Jefe de Estado deberá acudir a una reforma de la Carta Magna para poder llevar a la acción cada una de sus ideas y políticas que prevé implementar.

Sobre eso, el constitucionalista también fue crítico y concluyó: “Los países más serios del mundo son los que menos han reformado su Constitución Nacional. Sería un intento de acomodarla a las voluntades de los gobiernos de turno”.

Pablo Manili es abogado, doctor y posdoctor en derecho de la Universidad de Buenos Aires. Con 30 años de experiencia, cuenta con un gran historial de premios y distinciones como menciones honoríficas referidas a las Ciencias jurídicas y como también por su trayectoria académica.