En las últimas horas, la Cámara de Diputados trató un proyecto sensible y de vital importancia para el universo de la educación que implica que este derecho que consagra la Constitución nacional se declare un servicio esencial.

“Clave Política” consultó al respecto a la secretaria General Adjunta de SUTEBA, María Laura Torre, que se refirió a la media sanción en la Cámara baja, y consideró que “el verdadero contenido que tiene es cercenar el derecho a huelga de los trabajadores”.

En ese sentido, Torre destacó que “es una ley que además de violar la Constitución nacional ya se ha tratado a nivel mundial” y remarcó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “se puso de acuerdo con sindicatos y empleadores en que la Educación no puede ser declarada un servicio esencial porque aquellos servicios esenciales son los que perjudican la vida, la salud de las personas y  ponen en riesgo la seguridad”.

La dirigente planteó con preocupación que “no” hay “más Ministerio porque se degradó a Secretaria“, y recordó las políticas de los años 90 donde “se apuntó a las instituciones públicas con el desprestigio y ante ese desprestigio vino la privatización”.

Torre marcó las contradicciones del Ejecutivo nacional en relación al tema: “Es un Gobierno que dice estar preocupado por la alfabetización de los alumnos de los primeros grados de la Escuela Primaria. Ahora, es el mismo Gobierno que retira los libros que deben llegar a todas las escuelas, es el que retira la formación y la capacitación permanente y en servicio”.

Asimismo, la gremialista aprovechó para reclamar que los docentes sean “parte del debate”.

“Que pueda avanzar este proyecto en Educación, pero también este proyecto que estamos sufriendo todos los argentinos en cuanto a la situación económica que estamos viviendo, va de la mano de quebrar a las organizaciones sindicales y sociales porque este proyecto puede avanzar con represión y sin organización”; advirtió la dirigente al mismo tiempo que sostuvo: “Con nosotros no van a poder”.

La Cámara de Diputados dio media sanción al Proyecto de ley impulsado por el diputado y ex Ministro de Educación Alejandro Finocchiaro, que declara a la Educación como servicio esencial con el objetivo de garantizar los 180 días de clases en las escuelas públicas de todo el país.