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La puesta en vigencia hace 11 años del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN) pone de manifiesto determinado cambio de paradigma en algunas cuestiones del derecho que inciden y atraviesan a la sociedad en su conjunto.

La crisis económica, las sospechas de corrupción que salpican al jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni y las internas del Peronismo, se escriben con ítems centrales de agenda en los últimos días. “Clave Política” analizó esta coyuntura y entrevistó al diputado nacional del Frente de Todos Carlos Castagneto, quien expresó su preocupación por el accionar del Ejecutivo a la hora de aplicar políticas públicas que desfinancien sectores sensibles como la educación y la salud.

El gobierno de Javier Milei avanza con una de las privatizaciones más importantes bajo su gestión y que impactará no sólo en la economía sino también en la soberanía del país. Se trata de la nueva concesión privada por treinta años de la Vía Navegable Troncal (VNT), el sistema fluvial de más de 3.400 kilómetros por donde circula gran cantidad de las exportaciones agroindustriales argentinas y del Mercosur a través del río Paraná y que se conoce como Hidrovía.

En medio de los cruces que tuvieron protagonismo en las últimas horas entre actores del campo nacional y popular, el senador y ex ministro de Seguridad de la Nación y de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, disparó críticas hacia diferentes sectores del movimiento, ponderó la figura de la ex Jefa de Estado Cristina Fernández de Kirchner y minimizó los casos de sospecha de corrupción de funcionarios del gobierno nacional.

La Ley 27.795, sancionada a principios de octubre, aún no entró en vigencia porque el Poder Ejecutivo se mantiene firme en su postura de no hacerlo bajo el argumento de la falta de recursos y un presunto riesgo de desequilibrio fiscal que ello puede ocasionar. Lo cierto es que las voces especializadas en materia de derecho echan por tierra las excusas del presidente Javier Milei a la hora de cumplir con una ley aprobada con insistencia por el Congreso y que tiene que ver con el financiamiento de las universidades.

La crisis económica, producto de la política de ajuste y recorte que aplica el gobierno nacional, afecta de forma considerable a la educación en su conjunto y la etapa de formación primaria y secundaria comenzó a padecer los efectos del modelo económico.