Desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que encabeza Federico Sturzenegger se impulsó el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la propiedad privada que promueve cambios en el régimen de tierras rurales y reformas en legislaciones vigentes.

“Derecho y Sociedad” dialogó con la abogada y docente Noelia Rojas, especializada en Derecho Ambiental, quien repasó los alcances de esta iniciativa que obtuvo dictamen en el Senado, pero su tratamiento fue postergado. Al respecto, resaltó que existen “intereses que se ocultan detrás” del título del proyecto el cual podría “terminar afectado a argentinos y argentinas”.

“Hoy tenemos un régimen vigente con restricciones cuantitativas, porque no se pueden comprar más de mil hectáreas en zonas de núcleo, que son productiva o de gran fertilidad”, indicó y agregó: “Este proyecto permite que las personas físicas o jurídicas puedan comprar tierras sin ningún tipo de límite, es especulativo”.

Según la docente de Derecho Ambiental de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), “una de las afectaciones más grandes tiene que ver con la soberanía nacional” porque hasta ahora “ningún capital extranjero puede acceder a ninguna tierra que contenga cuerpos de agua o sean recursos propios de la Nación”.

“El proyecto levanta la medida restrictiva y permite a extranjeros poder acceder a este recurso natural y eso tiene un fuerte impacto”, resaltó la profesional y reservó un párrafo para ahondar sobre la incidencia que tendría al derogar otra ley referida al manejo del fuego.

En ese sentido indicó que la normativa vigente “impide el cambio de uso de suelo” y si se incendia un campo existe una prohibición –de acceso- de 30 años para humedales y de 60 para reservas naturales”. “Este proyecto levanta este tipo de límite y luego de un incendio se puede vender de inmediato. Se generan incentivos que terminan siendo dañinos para la soberanía y los recursos naturales”, concluyó.

La ley vigente se sancionó en 2011 y fija topes a la propiedad extranjera sobre tierras rurales, además de establecer resguardos sobre inmuebles vinculados a cuerpos de agua. Sólo el 15% de las tierras rurales a escala nacional, provincial y municipal pueden estar en manos de capital extranjero y de ese porcentaje, las personas o empresas de una misma nacionalidad extranjera no pueden poseer más del 30%.