La Ley de 27.801 del Régimen Penal Juvenil sanciona que la edad mínima de imputabilidad de menores será a partir de los 14 años en base a delitos graves. Esto generó un intercambio de opiniones encontradas, en cuanto al apoyo que recibió la normativa y también el rechazo.

El Programa “Derecho y Sociedad” consultó a la jueza Penal Juvenil del Juzgado 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, Marta Pascual, quien expresó que la ley implica “la deshumanización de los jóvenes”.

“De ninguna forma va a dar más seguridad a la comunidad y además les genera mucho más enojo a ellos, los jóvenes, más violencia y cuando terminan de cumplir la pena salen a la comunidad y nada ha cambiado”, indicó y añadió: “Vuelven al mismo lugar con su mismo grupo de pares y sin haber armado un proyecto de vida».

En su opinión, la nueva ley “no va a conseguir la seguridad de los adolescentes” porque “necesitan armar un plan de vida para convertirse en ciudadanos de la comunidad”. En ese orden, hizo un punto sobre aspectos clave en cuanto a políticas públicas necesarias y a actores sociales como la escuela, que consideró vital “en el desarrollo” de los jóvenes. Pascual consideró además que “es clave trabajar sobre oficios, algo que hoy en día es escaso, aún más en zonas marginales donde la escuela les cuesta más y hay problemas de salud y adicciones”. 

La magistrada Pascual trabaja con menores que atraviesan situaciones adversas, en cuanto a lo social y también lo familiar. La labor que encara tiene que ver con la socialización y la recuperación de jóvenes en situación de vulnerabilidad. De hecho, dirige el programa “Involucrados”, que profundiza en prácticas de justicia restaurativa para jóvenes en conflicto con la ley penal. En la charla con el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), destacó la importancia del trabajo comprometido y social que realizan sujetos sociales como la Iglesia Católica, que “no registra un dogma ni una evangelización, sino que acompaña a los chicos» al tiempo que marcó lo indispensable de lograr un compromiso comunitario.

“Hay que acompañarlos para sostenerlos. Esto no lo va a cambiar la ley para bien, pero la única forma es involucrar los vecinos, para poner el granito de arena y cortar un poco esta violencia”, concluyó.

El nuevo Régimen Penal Juvenil establece que la imputabilidad que abarca a los adolescentes es a partir de los 14 años y que serán juzgados por delitos graves como: homicidios, robos violentos (uso de armas de fuego o grave fuerza), abuso sexual y secuestros. Esta nueva ley se empezará a implementar desde el 5 de septiembre.