El desfinanciamiento universitario por parte del gobierno nacional, atado a la negativa de aplicar la Ley que regula el funcionamiento de las casas de altos estudios en Argentina aprobada hace un año por el Congreso, es tema de agenda cada semana.

La Marcha Federal que se realizó en las últimas horas tuvo su análisis en “Clave Política”, con la voz del decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Gustavo Naón, quien además echó por tierra el relato vertebral de los
medios hegemónicos que buscó por todas las vertientes posibles estigmatizar la multitudinaria concentración en las inmediaciones del Parlamento y atenuar la dimensión
de su convocatoria.

“Todas las marchas son diferentes, pero en todas copamos las calles. Vamos a dar batalla porque entendemos que la universidad pública sigue siendo esperanza y sueños”, indicó Naón y agregó: “No podemos concebir al desarrollo histórico de nuestro país sin el sistema
universitario.

Consultado sobre la repercusión y los aspectos comparativos con las otras cuatro concentraciones que se llevaron adelante desde 2024 hasta este año, para exigir al gobierno que se ajuste a la ley y también destine los fondos necesarios para sostener el sistema, el docente y funcionario resaltó que “más allá de lo que puedan decir las redes, y cualquier discurso que pretenda proliferar en un medio, la única verdad es la realidad” y cada marcha “fue un impacto certero”.

Naon estuvo acompañado en el estudio de Radio Conurbana por el secretario de asuntos académicos de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), César Arrueta, que mostró preocupación por la situación que atraviesa la educación universitaria, con afección directa sobre docentes y estudiantes.

“Estamos reducidos a la mínima expresión de funcionamiento y con docentes que han perdido su capacidad adquisitiva”, subrayó y sumó: “El desfinanciamiento produce una desarticulación de mucho de la estructura social que se organiza alrededor de la Universidad”.

En octubre de 2025 el Congreso en sus dos cámaras logró la insistencia que requiere la Constitución nacional para convertir el proyecto de financiamiento universitario en ley ante el veto presidencial. Pese a ello, desde el Ejecutivo se opusieron a sancionar la norma con
argumentos poco sólidos. El tema se judicializó, la Corte Suprema se expresó y obligó al gobierno nacional a aplicar la ley, quien a 365 días aún se niega a hacerlo, bajo el fundamento de un posible y eventual desequilibrio fiscal.