A pocos días de cumplirse un año de la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795), que regula el funcionamiento y financiamiento de las universidades públicas en Argentina, el Gobierno nacional se niega a ponerla en vigencia, una situación que preocupa a la comunidad universitaria y profundiza la incertidumbre sobre los recursos necesarios para sostener la educación superior, los salarios y el funcionamiento de las instituciones.

En este contexto, “Modo Universitario” dialogó con la vicerrectora de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y decana de la Facultad de Ciencias Económicas de esa casa de estudios, Liliana Dillon, quien analizó los resultados del informe sobre el presupuesto universitario 2027 elaborado por el Centro de Economía y Desarrollo de Políticas Públicas de la FCE-UNL y advirtió sobre la tendencia decreciente del financiamiento universitario que revela un retroceso del 27% en fondos desde 2023. 

La profesional explicó que “el 75,1% es la pérdida del poder adquisitivo de las partidas de investigación, el 23% en gastos de funcionamiento y el 30% en un promedio de salarios docentes y no docentes”, y agregó: “La cuestión salarial y la asignación de partidas han sido demandas muy presentes a lo largo de la historia del sistema. Pero esta vez, esta tendencia nos preocupó, no nos asombró».

“A pesar de este ánimo del Gobierno de sentar en paritarias y establecer un reajuste parcial de 20%, estamos un 30% abajo con equipos más débiles o con equipos que se desarman y las funciones sustantivas se resienten”, subrayó.

En números y porcentajes, la vicerrectora de la UNL señaló que “la ley de Financiamiento establece un crecimiento escalonado del sistema universitario en términos de su financiamiento hasta llegar al 1% del PBI”, pero que hoy el sistema se encuentra en el 53%, lo que representa una brecha del “33,4 % por debajo de lo que establece la Ley de Financiamiento Universitario y un 0,5 % del PBI».

Dillon ponderó el rol de la universidad pública en la producción de ciencia y sostuvo que los datos que aportan son “comprobables por cualquiera que haga los mismos cálculos”. “Uno los puede mirar del derecho, del revés, de arriba hacia abajo, y la tendencia es decreciente, y nos preocupa porque no hay forma de sostener, aun con mucha creatividad, las mismas funciones sustantivas de la educación, la extensión y la investigación”, resaltó.

Sumado a eso, expresó su preocupación por ver que “las aulas se vacían de docentes que deciden buscar otros rumbos para trabajar” debido a que “los salarios están un 30% abajo en promedio”, y añadió que “los grupos de investigadores también se debilitan porque hay jóvenes que deciden emigrar o trabajar en el privado».

Luego de las últimas paritarias, realizadas sin éxito hace siete días, los gremios docentes y no docentes universitarios iniciaron un plan de lucha de 23 días en todas las casas de altos estudios del país, que se extenderá hasta el 15 de octubre, cuando se realice la quinta Marcha Federal Universitaria para exigirle al gobierno de Javier Milei que cumpla con la ley.